En el ultimo año el numero de crímenes contra la población civil en la República Democrática del Congo (RDC) se ha incrementado significativamente en relación a otros periodos. La mayor parte de la violencia sigue azotando la zona de Ituri en el este del país, donde desde el año 2019 se contabiliza la muerte violenta de 1.200 civiles a manos de grupos irregulares o asociados a ellos y el desplazamiento de forzoso de 1.6 millones de personas consecuencia de la violencia, según UNICEF.
La detención de Roger Lumbala el pasado 29 de diciembre del 2020 en su residencia francesa es una gran noticia, pero se trata solo de un simple jefe de guerrilla congoleño acusado de crímenes contra la humanidad en el informe “mapping” de la ONU emitido en el año 2010. Como señala de forma irónica en un reciente twit, Faustin Twagiramungu, antiguo primer ministro ruandés en el gobierno del FPR, actualmente en el exilio y gran conocedor de la realidad: «ahora hace falta que los jefes de estado que ordenaban a Lumbala sean también arrestados».
Existe una patente falta de voluntad política para iniciar investigaciones que lleven a esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales de los crímenes contra la humanidad cometidos en la RDC y esta falta de voluntad, se da tanto a nivel de los gobiernos congoleños de turno como por parte de la llamada Comunidad Internacional. Hasta ahora el único tribunal que ha sido capaz de juzgar no solo a los autores materiales sino también investigar acerca de los autores intelectuales ha sido la Audiencia Nacional española en una causa por el asesinato de varios misioneros y cooperantes españoles en Congo y Ruanda, así como por las masacres de población civil autóctona. Las grandes presiones que tuvo que enfrentar esta causa, denunciadas por el magistrado español responsable de las investigaciones, Fernando Andreu y también por los cables de Wikileaks y que finalmente lograron paralizarla casi por completo, ilustran la importancia que ha dado la Comunidad Internacional a la protección de los dictadores africanos utilizados para el control de la RDC y sus riquezas. Tanto la justicia francesa como el Tribunal Penal Internacional de Ruanda sufrieron también fuertes presiones que lograron que no se tocara a los gobiernos respaldados por la Comunidad Internacional sospechosos de ser los autores intelectuales de masacres en la zona; recordemos cómo la fiscal en Jefe del TPIR, la suiza Carla del Ponte, fue destituida cuando se propuso investigar también los crímenes del Frente Patriótico Ruandés de Paul Kagame, actual gobierno de Ruanda.
Los gobiernos congoleños que se han ido sucediendo, el de Joseph Kabila y el actual de Felix Tshisekedi no solo no han intentado investigar a los autores intelectuales de las masacres sino que ni siquiera han intentado enjuiciar a aquellos jefes de guerrillas acusados de crímenes contra civiles congoleños que se encontraban dentro de las estructuras del ejercito congoleño (FARDC) como resultado de la estrategia llevada a cabo durante años por el gobierno ruandés ayudado y asesorado por la Comunidad Internacional de infiltrar a las FARDC a través de numerosos acuerdos de paz con diferentes guerrillas que implicaban la inclusión de guerrilleros y sus jefes en puestos estratégicos de las FARDC. Esto explica la existencia actual en las FARDC de generales acusados por los diferentes paneles de investigación de la ONU de ser los autores de masacres contra población civil congoleña. Un ejemplo es Eric Ruhorimbere, quien participó en la guerra del Congo como integrante de una guerrilla financiada por Ruanda, el RCD (Rassemblement Congolais pour la Democratie) que se enfrentó contra el gobierno congoleño. Fue el principal acusado de la masacre de Kasika ocurrida el 24 de agosto de 1998, donde su guerrilla asesino a más de un millar de civiles en su mayoría mujeres y niños, crímenes que fueron bien documentados en el informe “mapping” de la ONU. Posteriormente, gracias a los acuerdos de paz promovidos por el Consejo de Seguridad de la ONU, fue integrado junto a muchos de los componentes de la guerrilla RCD en el ejercito congoleño, que abandonaría años mas tarde para volver a integrarse en otra guerrilla creada por Ruanda, la CNDP, que también luchaba contra el ejercito congoleño. Un nuevo acuerdo de paz con esta guerrilla impulsó de nuevo a Eric Ruhorimbere al ejercito congoleño. En todos estos años ha habido organizaciones de derechos humanos y paneles de expertos de la ONU que le han señalado como autor de crímenes contra la población civil, hecho que no le ha supuesto la apertura de ninguna investigación sino ascensos en el escalafón militar. La ultima acusación contra Ruhorimbere procede de la Unión Europea que le acusa de crímenes contra la población civil en la provincia de Kasai donde Ruhorimbere en 2016 ostentaba el cargo de vicecomandante de la 21 región militar. Posteriormente seria ascendido a general. Ademas de Ruhorimbere, hay otros varios altos cargos en las FARDC acusados d crímenes contra la humanidad. En el último informe de la ONU fechado el 2 de enero del 2021, se acusa a otro general de las FARDC, el general Gahizi de suministrarle armas a la guerrilla a la que se suponía que debería combatir.
En estos últimos meses se han multiplicado en la R D Congo las movilizaciones civiles especialmente en las grandes ciudades del este del país pidiendo el fin de la impunidad. Entre los impulsores de las manifestaciones habría que citar al premio Nobel de la Paz de 2018, el congoleño Denis Mukwege, así como a organizaciones políticas como la plataforma Lamuka, que aglutina al principal partido de la oposición y organizaciones de la sociedad civil como Lucha, o Filimbi. El hecho de que las manifestaciones reivindiquen la creación de un Tribunal Penal Especial para el Congo basado en el informe “mapping”, significa que no se conforman con penalizar a los jefes de guerrilla y quieren que también se investigue a los autores intelectuales.
El informe “mapping”, fue un trabajo de investigación de crímenes ocurridos en la República Democrática del Congo encargado por el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los trabajos de investigación fueron dirigidos por la sudafricana Navanethen Pillay. El informe de 581 paginas, da detalles sobre unas 600 masacres cometidas en suelo congoleño entre 1998 y 2003, incluyendo el exterminio de mas de 200.000 refugiados hutu ruandeses en el este del Congo. En el informe se señala que si estos crímenes fuesen confirmados por un tribunal competente se podrían calificar de delito de genocidio; conclusión similar a la que ya había llegado años atrás el relator de la ONU, el chileno Roberto Garretón. El informe “mapping” una vez acabado se ocultó varios años hasta 2010 en que se tomó la decisión de sacarlo públicamente, probablemente para presionar a Paul Kagame para que no cometiese más masacres. La continuación del informe cuyo presupuesto ya estaba aprobado y que estaba prevista que fuese recogida en varios anexos, iba a tratar sobre investigaciones sobre los autores de los crímenes, pero las presiones de Estados Unidos y Gran Bretaña, como ha recordado recientemente el ministro de derechos humanos congoleño, Andre Lite Asebea, paralizaron estas investigaciones y los anexos no fueron publicados. A pesar de todo, en el informe “mapping” existe suficiente información para que un Tribunal Penal pueda profundizar en la investigación y descubrir los culpables. En el informe es posible deducir que una aplastante mayoría de masacres fueron realizadas por tropas extranjeras o grupos congoleños de obediencia foránea, es decir Uganda y principalmente Ruanda, algo que recientemente también ha corroborado el belga Luc Henkinbrand, uno de los componentes del equipo de la ONU que elaboro el informe “mapping”. Por lo tanto, un Tribunal Penal Especial creado siguiendo el guion del informe “mapping” obligaría a que se investigue a los autores intelectuales y no se quede solo en jefes de guerrillas.
La otra petición de las manifestantes es la creación de un Tribunal Penal Especial para el Congo. Al contrario de un Tribunal Penal Internacional para el Congo, la creación de un Tribunal Penal Especial, permitiría la inclusión de juristas congoleños en el proceso y ademas no requeriría la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, bastaría una petición de jefe de gobierno congoleño a la ONU; algo que vemos difícil que ocurra.
La investigación y penalización de los autores intelectuales de masacres seria una forma de acabar con la mayor parte de la violencia que azota la RDC. Si esta posibilidad parece difícil de conseguir por las circunstancias anteriormente comentadas, las opciones que quedan sería ceder a la balkanizacion del Congo, donde provincias del este como los Kivus y sus riquezas mineras serian en la practica absorbidas por Rwanda o bien implementar la propuesta realizada hace años por el exsubsecretario norteamericano, Herman Cohen, y apoyada por el que fuera presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quienes abogaron por la creación de una especie de mercado común de los países del centro de África donde los minerales congoleños pudieran beneficiar no solo al Congo sino a Rwanda, Uganda y otros países de la zona.
Por Jose Lucas
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